Dices que te alegras de poder hablar de este tema sin personalizar para acabar poniéndote tú mismo como ejemplo. Está claro que es difícil abordar este asunto desde una teórica neutralidad, porque a todos nos afecta de alguna manera.
Responsabilidades las tenemos todos, y los empleados públicos no van a ser menos. ¿O acaso el conductor del bus escolar que cada dia lleva y trae a mis hijos no tiene una grandísima responsabilidad? Es por poner un ejemplo muy sencillo.
No voy a cuestionar la profesionalidad de muchas personas, al margen de que trabajen en el sector público o privado. Pero sí quiero entrar en un tema espinoso y que me gustaría poder tratar sin apasionamiento. Se trata de la necesaria adecuación de las plantillas de empleados públicos a las necesidades de cada momento, como ocurre en la empresa privada.
Si una empresa privada, a causa de una bajada de la actividad, implantación de nuevas tecnologías u otros motivos, necesita reducir su plantilla para poder seguir siendo competitiva ... ¿Por qué en el sector público no se puede proceder de igual manera? No es un tema de envidia. Se trata de tener claro (y actuar en consecuencia) que "lo público" no es una teta inagotable de la que poder ir mamando eternamente. Lo público lo alimentamos con el dinero de todos (el de los funcionarios también), entiendo que hay empleos públicos que no tienen relación directa con la actividad económica (educación, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, sanidad, etc.) pero hay otros muchos que están relacionados directamente.
¿Cuántos empleados públicos tenemos en ayuntamientos, diputaciones, autonomías, administración del Estado, etc., cuyo trabajo ha disminuido en la misma proporción que la actividad económica? ¿Cuantas plantillas, con trabajos burocráticos o no, tenemos actualmente sobredimensionadas hasta la exageración, en ámbitos ligados directamente a la actividad económica? Todo lo relacionado con la construcción, licencias urbanísticas, gestión de tributos, registros, todas las actividades de las que la construcción era el principàl motor, el transporte, los servicios, la financiación, etc. ¿Cuántos departamentos y negociados trabajan hoy a medio gas (por no decir al ralentí) porque están dimensionados para unas necesidades que no se responden con la realidad económica actual?
Eso, señores, nos cuesta a todos (a los empleados públicos también) dinero, mucho dinero. Un dinero que no tenemos. Es un tema espinoso, porque al fin y al cabo estamos hablando de personas. Pero en mi opinión, hay que introducir criterios de racionalidad también en el empleo público si queremos poder pagar las facturas.
Comentario aparte merecerían las políticas de protección que seria necesario habilitar para no dejar desprotegidas a las personas. Pero para ello, y entre otras cosas, habría que acabar con la economía sumergida, el fraude fiscal y el trato de favor que reciben rentas y patrimonios desde cierta importancia para arriba, así como con la lacra de los paraisos fiscales.
