Rankia Perú Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia España Rankia España Rankia México Rankia México Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder

Jotaerre

Rankiano desde hace más de 10 años
--
Publicaciones
Recomendaciones
129
Seguidores
Posición en Rankia
Posición último año
Resumen
Respuestas 288
Comentarios 3047
Recomendados 72
Guardados 1
02/07/20 01:06
Ha comentado en el artículo Réquiem por la Adjudicación Directa de Hacienda
Buenas, podríamos cambiar a "una mujer a quien no había visto nunca", porque la, ahora, DGSJyFP dirigida por la Sra. que se va de puente a Santiago sigue negando las adjudicaciones directas, justo a pocos días de que la Sentencia de Valencia sea firme...: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7087.pdf En este caso, a diferencia de la mayoría de los anteriores, parece que la AEAT ha dejado a la adjudicataria a los pies de los caballos, pues es ella solo quien recurre, y, claro, su ilusa expectativa de que la DG cambiara su criterio se basa en "llorar", hasta el punto de concluir con esta significativa frase:" Ante tal circunstancia cabe preguntarse quién ha de resolver y proteger los derechos de la adjudicataria".Pues,  muy sencillo, Sra.: los Tribunales, como la propia DG, en otra resolución anti-"San Fermin" publicada hoy, acaba insinuando: https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7089.pdf " Todo ello, sin perjuicio de la valoración judicial que pueda plantearse en relación con esta materia". Más  claro, el agua... saludos,
ir al comentario
01/07/20 02:25
Ha respondido al tema Intereses moratorios de una deuda en una Comunidad de Vecinos / Propietarios
Buenos días, balrock, aunque quizás no tanto, porque siento decirte que estás triplemente equivocado:1º.-Porque al nuevo propietario solo puedes reclamarle el año actual + los 3 anteriores (4, en Catalunya).2º.-Porque, si no se han fijado expresamente intereses de demora por Junta, solo puedes reclamar el legal desde que presentes una demanda.3º.-Justo el 3 de junio, el TSupremo ha zanjado la discrepancia que se daba entre las Audiencias Provinciales, fijando el plazo de prescripción en 5 años, por el art. 1966.3º del Código Civil, no en 15 por el 1964.2º (por tanto, sin que le afecte ese cambio legislativo: ya eran 5 desde antes):http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/35e662289fd6abab/20200619Saludos,
Ir a respuesta
29/06/20 08:15
Ha respondido al tema ¿Puede el registro comunicar errores constantemente? - Registro de la propiedad
Hola, fichi82, muy buena pregunta, porque, aunque la Ley Hipotecaria (art. 258.5) exija una calificación "unitaria y global" (es decir, prohibiría ir añadiendo defectos), luego la DGRN lo permite en algunos casos, en aras de la "legalidad y seguridad jurídica" y en protección de terceros, con la simple advertencia de que esa conducta puede comportar una sanción disciplinaria para el registrador.Por tanto, o se subsana, o se recurre ante los Juzgados esa calificación "sucesiva".Saludos,
Ir a respuesta
26/06/20 01:40
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
NO ME PISES, QUE LLEVO CHANCLAS Buenas, si ya es una pérdida de tiempo recurrir a la DGSJyFP por el tema “San Fermín”, al menos no habría que cometer la imprudencia de acudir al encierro/encerrona en chanclas, como le sucedió al recurrente de este caso publicado hoy: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6783.pdf Porque no tiene otro interés que comprobar cómo, en el prolijo y detallado recurso, no se alega ni se hace mención alguna a esa Sentencia del TS… y tiene que ser la propia DGSJyFP (lógico, pues es otro “copypaste” más) la que la mencione en los fundamentos de su rechazo. Saludos, 
ir al comentario
24/06/20 02:49
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
... y acaba en BADAJOZ.Porque parece justicia poética que, el mismo día, Cendoj (que ha cambiado su interfaz, o como se diga) publique la Sentencia de esa AP de 14.05.20 confirmando la de instancia en favor de la "San Fermín":http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8cd5d056eba4e059/20200623"Con todo, la cuestión es muy controvertida. Baste reseñar la resolución de 9 de abril de 2018 de la Dirección General de los Registros y el Notariado que, justamente y con carácter vinculante, sale al paso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo hace para apartarse de modo expreso de dicha línea jurídica, manteniéndose en su criterio tradicional. Básicamente distingue el plano procesal y el hipotecario. No cuestiona que el juez ordene la cancelación, pero no admite que el registrador tenga que cancelar. Argumenta que la mera expedición de la certificación no supone el cierre del Registro, de modo que el registrador deberá calificar el mandamiento cancelatorio conforme al contenido registral en el momento de la presentación del título. Recuerda, con cita de una sentencia del Tribunal Supremo y en relación a los mandamientos judiciales, que el registrador tiene la obligación de comprobar que tal mandamiento cumple los requisitos legales que preservan los intereses de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena. Y para salvar el derecho del adjudicatario reseña que puede acudir a un proceso judicial en el que pueda discutirse, con la intervención de los titulares de las cargas posteriores, si procede o no la cancelación de las mismas.Sea como fuere, como es lógico, por dictado del artículo 1.6 del Código Civil, nos debemos a la interpretación defendida por el Tribunal Supremo". Y es un caso bastante curioso, cuya lectura recomiendo a los especialistas, porque se trataba de una ejecución de una división, SIN NOTA MARGINAL de la certificación de cargas, pues no hay carga a cuyo margen anotar su expedición.Tampoco es que hubiera caducado nada, sino que, al no constar por nota marginal, se denegó la cancelación de una carga posterior que había entrado, y la AP da valor a  la certificación  aún sin nota marginal (motivo por el que, se deduce, el embargante no fue parte en el pleito), con este argumento:"Pues bien, entre el derecho de crédito de ese tercero y el derecho del adjudicatario del bien realizado entendemos que prevalece el interés de este último. El principio de publicidad es el pilar fundamental sobre el que se asienta el sistema registral, pero no es el único principio. Sí, el tercero que accede al registro cuando el bien ya está en vía de apremio no tiene la protección registral ordinaria. Por lo pronto, no se trata de un tercero hipotecario. El artículo 34 de la Ley Hipotecaria se reserva a las transmisiones. Como es obvio, el embargo no es un acto del tráfico. Al Derecho hipotecario le interesa el tercer adquirente ante una situación que esté inscrita. Cuando el adquirente inscribe estamos ante el tercero hipotecario y a este titular sólo le afectará lo que el Registro proclame. Lo que no figure registrado puede darlo por inexistente. No es el supuesto de una anotación de embargo. Ahí no opera. La anotación no protege tanto al acreedor como al posterior adquirente del bien. El ordenamiento da primacía a los intereses del actual propietario sobre los del acreedor del antiguo titular del dominio. Antepone al dominio al crédito. En línea con estas ideas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene dando la razón al adjudicatario del bien frente al acreedor que embarga después de la expedición de la certificación". Al menos, la AP retiró las costas a las que había sido condenada la registradora en instancia, porque tampoco es lo habitual.Saludos,
ir al comentario
24/06/20 01:59
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
SOFIA se va de PUENTE a SANTIAGO... Buenas, por fin podemos dar la bienvenida a las primeras resoluciones ya firmadas como DGSJyFE, y a su Directora General (con tantas ganas de irse de su apellido como sus antecesores), con las 12 dictadas en febrero, entre la que nos interesa esta insistiendo en inaplicar la Sentencia “San Fermín”: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6670.pdf Párrafos idénticos a la de 10.10.19 para llegar al mismo rechazo, aunque eliminando la obligación de hacer constar la postura de la DGRN en la certificación de cargas. “La consecuencia práctica de la referida Sentencia no puede ir más allá de obligar a los registradores a introducir una advertencia expresa en las certificaciones que expidan, en casos como el que nos ocupa, en la que se indique que la anotación quedará sin efecto a partir del día en que se produzca su caducidad, de manera que la resolución que se dicte no tendrá eficacia cancelatoria respecto de derechos inscritos con posterioridad. Es decir, que en las certificaciones que se expidan se haga constar explícitamente la consecuencia jurídica derivada de la aplicación del artículo 86 de la Ley Hipotecaria”. Pero sí recalcando, por si no hubiera quedado ya claro con los años, que acudir a la DGSJyFE en lugar de directamente al Juzgado, es perder el tiempo: “Todo ello sin perjuicio, como antes se indicó, del derecho que asiste al adquirente de la finca adjudicada en el procedimiento de ejecución para acudir a un proceso judicial en el que pueda discutirse, con la intervención de todos los titulares de las cargas posteriores a la anotación caducada, si procede o no la cancelación de las mismas”. En fin, lo que era de esperar: esas SJ de Seguridad Jurídica, solo están para hacer bonito. Saludos, 
ir al comentario
20/06/20 01:01
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
LA SOMBRA DEL VIENTO Buenas, y sin más comentarios, salvo q.e.p.d…. Quería rendir homenaje al autor, y ayer mismo estaba tratando un tema que, en cierta forma, podría reflejar esa imagen de lo invisible: la calificación registral sustitutoria, poco utilizada porque no suele servir para nada, como si no existiera, aparte de general diversas problemáticas (recurrirla, cuando no se puede, por ejemplo). Debería ser, de hecho, el recurso más fácil, rápido y económico contra una calificación negativa, pues consiste en pedir una segunda opinión, y lo que diga el registrador sustituto irá a misa (y se repartirá los honorarios con el sustituido, por cierto). Y, para aumentar su irrelevancia, basta leer el RD 1039/2003, y comprobar que ni siquiera se sabe a qué puerta llamar para que te atienda el sustituto:  Artículo 3. Calificación negativa. 1. En el supuesto de calificación negativa de su título, el interesado podrá solicitar una nueva calificación del registrador sustituto al registrador calificador conforme a las reglas contenidas en este y en los siguientes artículos. 2. La petición de intervención del registrador sustituto deberá presentarse a través de éste dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la calificación desestimatoria. vs.  Artículo 5. Información sobre el derecho a instar la aplicación del cuadro. 1. Los registradores harán constar en las notas de calificación el derecho a la aplicación del cuadro de sustituciones e indicarán el registro ante cuyo titular pueden ejercerse, en el momento de instarse su aplicación. 2. El Colegio de Registradores deberá facilitar a los interesados, a solicitud de éstos, el cuadro de sustituciones que les resulte de aplicación, con indicación, en su caso, del registrador sustituto que les corresponda en relación con el título correspondiente.  Artículo 6. Iniciación del procedimiento. 1. Los interesados, en los 15 días siguientes a la notificación de la calificación negativa, o en cualquier tiempo en caso de calificación fuera de plazo, podrán solicitar la intervención del registrador sustituto mediante la aportación a éste del testimonio íntegro del título presentado y de la documentación complementaria o de su original, que tendrá derecho a retirar del registro donde se hubiera presentado. ¿En qué quedamos, pues, dónde está la bolita? ¿se pide a través del sustituido, o se dirige uno directamente al Colegio de Registradores y luego al sustituto? En el caso de ayer, simplemente se han previsto las dos vías, e incluso una tercera: enviarle al sustituido las alegaciones, para que se lo pueda repensar… ya que (¡atención, Idefix1!) el Registrador alega las RDGRN donde se aceptaba que el LAJ hiciera mención de las circunstancias del caso para aplicar el 670.4 (y no se da cuenta de que el LAJ sí lo hace), además de ignorar las posteriores donde se estiman los recursos cuando en la calificación no se menciona la facultad del 670.4 (es el caso) y se citan las resoluciones pero solo se transcriben parcialmente (y, aquí, ni eso hace), por no hablar del Auto-bajada de pantalones de Castellón… Para cualquier abogado habría sido un puntazo recurrir a la DGRN alegando ese Auto y conseguir que también se bajara del burro, pero el cliente es lo primero. Saludos, 
ir al comentario
19/06/20 01:13
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
LA EDAD DE LA DUDA Buenas, otro título de Camilleri/Montalbano, para una de las RDGRN de ayer, cuya lectura debería sacar de dudas a todos los que, periódicamente, preguntan y se preocupan por las afecciones fiscales en las notas simples o certificaciones: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6372.pdf Además, es graciosa, porque se pidió la cancelación de la nota marginal de afección fiscal simplemente presentando… ¡la autoliquidación del impuesto! (caso en el que, entonces, el Registro simplemente hace constar “liberada en cuanto a X€ autoliquidados”), se le denegó, y, encima, recurrió. Bueno, gracias a ello tenemos esta explicación tan instructiva: “Practicada dicha nota tan sólo podrá ser cancelada cuando se presente la carta de pago de las liquidaciones cuyo pago garantizaba o se justifique fehacientemente de cualquier otra manera el ingreso de estas y, en todo caso, transcurridos cinco años desde su fecha (cfr. artículo 100.4 del mismo Reglamento). En consecuencia, para proceder a la cancelación de dicha nota sería necesario, bien que se acredite el pago del Impuesto con carácter firme o el transcurso del plazo de caducidad de dicha nota, bien que medie consentimiento de la Hacienda Pública que es el titular registral o resolución judicial firme que ordene dicha cancelación (cfr. artículos 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Ninguno de dichos extremos concurre en el presente caso, pues el recurrente fundamenta su pretensión en la presentación en la oficina liquidadora de la autoliquidación del Impuesto, lo que no obsta para que la Administración pueda, previa calificación del hecho imponible, rectificar, comprobar o practicar la liquidación correspondiente”. Y eso es, precisamente, lo que ya le había dicho Hacienda al acusar recibo de la documentación: «el documento (…) se devuelve al interesado, a los efectos de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 87.4 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del citado Impuesto, no resultando de las autoliquidaciones presentadas (…) cuota tributaria a ingresar, por haberse alegado que el acto o contrato está exento/prescrito/no sujeto al impuesto. Ha sido aportada copia del documento, que se conservará en la oficina para el examen, calificación del hecho imponible y, si procede, para la práctica de la liquidación o liquidaciones complementarias». A lo que solo resta añadir que, de practicar Hacienda esa complementaria, el obligado al pago es el sujeto pasivo de ese impuesto, y solo si no puede cobrarse de ninguna otra manera, acabará respondiendo la finca aunque se haya transmitido. Saludos, 
ir al comentario
18/06/20 02:04
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
LA PACIENCIA DE LA ARAÑA Buenas, valga ese título de Camilleri, aunque reconozco que al comisario Montalbano solo lo conozco de oídas, no de leídas (me quedé en el Carvalho de Vázquez Moltalbán, a quien el italiano obviamente homenajeó con el apellido de su personaje, o, si me apuran, con la Juez Mariana de Marco de Guelbenzu), para comentar que, por fin, y tras casi 2 meses y medio, el BOE nos vuelve a proporcionar la amena lectura de... hasta unas 60 resoluciones de la todavía DRGN, a los que las esperábamos emboscados para sorberles las entrañas cual arácnidos.Todas, de enero, y la inmensa mayoría sobre escrituras de préstamos hipotecarios, que, de momento, no creo que interesen ya que la reciente LCCI es lo que tiene, que todavía es muy interpretable. Así que para hoy me quedo con esta de 20.01.20 que sí afecta a las adjudicaciones en concursos: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6369.pdf Aunque el razonamiento respecto del segundo de los defectos, que es el que nos atañe, es tan pejiguero como simple, porque es tan fácilmente subsanable que igualmente se podría haber revocado, ya que nos viene a decir que no es inscribible el mero Auto aprobando la adjudicación, pues faltaría la escritura, salvo que se haya solicitado expresamente: En el antecedente que se alega, “tanto la administración concursal como el ofertante solicitaron que el auto adjudicando la unidad productiva, en la medida que ordenase la adjudicación y no la autorizase únicamente, tuviera validez en los siguientes términos "…como título y modo a los efectos de la transmisión de la propiedad y el testimonio del mismo servirá perfectamente como título inscribible en los registros públicos correspondientes», todo ello justificado por la agilización de la adjudicación y la continuidad de la actividad productiva”. Por el contrario, en este caso, quedaba claro que sería necesaria la escritura: “Más bien al contrario, el propio juez, tras acordar la adjudicación de la unidad productiva a diferentes sociedades mercantiles, señala en el auto que queda habilitada la administración concursal «para otorgar cuantos documentos públicos y privados fueren menester para ello»”. Saludos, 
ir al comentario
16/06/20 23:49
Ha comentado en el artículo Chat de subastas
Hola, Callate, y disculpado, faltaría más, pero no creo que los nervios se te calmen consultando por internet y ofreciendo una versión de lo que tú crees leer, en lugar de enseñárselo a alguien más capacitado (y conste que no me estoy vendiendo, es que realmente me chiflan esas trifulcas Registro-Juzgado).Porque, entre otras cosas, ahora afirmas que una "certificación de DOMINIO y cargas" no cita a los titulares...Así que vete con cuidado, que ni el Juzgado ni el Registro te van a hacer ningún favor.Saludos,
ir al comentario
16/06/20 14:25
Ha comentado en el artículo Chat de subastas
Buenas, Callate, y disculpa, pero, si en un mismo relato dices primero "las personas embargadas" y luego "la S.L. que era la que ya tenía la deuda", y más tarde "la hipoteca", el jeroglífico es imposible de resolver: si se ejecuta una hipoteca, no es necesario embargo (salvo para algunos Juzgados, si es por vía ordinaria), y si se expide la certificación es porque coinciden ejecutado y propietario en ese momento que es el que importa, teniendo el Registro la hipoteca a la vista, no solo el mandamiento judicial, ya puede haberse transmitido la finca luego las veces que quieran.Saludos,
ir al comentario
15/06/20 01:40
Ha comentado en el artículo Chat de subastas
Buenos días, lizaguirre, caso insólito este, en efecto, por lo que dudo que alguien se haya encontrado con uno similar.Y, en un pretencioso afán de emular al detective estrella de la Paramount, Endeavour Morse, quien acaba atando todos los cabos en los 5 minutos finales de cada capítulo (cabos que solo él puede atar, pues al espectador no se le dan pistas), osaré ofrecer mi deductiva explicación:El matrimonio Sohner, probablemente alemán (pues allí la esposa adopta el apellido del marido) construyen su vivienda en el 1.997 y, el mismo día que declaran la obra nueva a medias, el marido le dona su mitad a la esposa, reservándose el derecho de uso vitalicio.Años más tarde, se divorcian (los autos son del 2.012), de ahí que la esposa aparezca como demandada con el apellido Jacobsen, que debía ser el de soltera, y, en aplicación del régimen matrimonial alemán (una separación de bienes "sui generis", pues conlleva la "nivelación de ganancias" a su disolución, lo que ha dado más de un dolor de cabeza a muchos registradores, y quizá justifique que la ejecución haya durado tanto), él le reclama la suma del embargo.Y, como ese derecho de uso se constituyó como una carga "real" sobre la finca, no personal, no se cancelará con la subasta, sino que se resta su valor a efectos de fijar el tipo, como leemos en el Edicto (aunque, curiosamente, no coincide el valor del 100% con la tasación que se adjunta).Saludos,
ir al comentario
14/06/20 04:31
Ha comentado en el artículo La que se avecina con la reforma de la Ley 1/2013
Es lo que hay... meras especulaciones ante una situación injusta nueva (sin jurisprudencia, por tanto), cuyo arreglo, de intentarse, podría llegar en el mismo 2024 que se pretende evitar, o más tarde, como sucede demasiado a menudo.
ir al comentario
14/06/20 02:00
Ha comentado en el artículo La que se avecina con la reforma de la Ley 1/2013
¿Un?Vale, pues UN ASESINATO PIADOSO Título de otra de las novelas protagonizadas por la Juez cántabra Mariana de Marco, para proporcionar una coartada a quien se atreva a cometer ese crimen contra nuestros legisladores (siempre apiadándose, porque los pobrecicos no saben lo que se hacen…) por perpetrar esa última reforma de la Ley 1/2013: -Art. 9.3 CE: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. -Art. 2.3 CCivil: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario”. -Alegaciones de la recurrente en esta RDGRN (aunque rechazadas), con cita de varias STS en defensa de la irretroactividad de las normas: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5647 -Resumen de la doctrina del TC y del TS: “admiten la aplicación retroactiva de las normas a hechos, actos o relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior, siempre que los efectos jurídicos de tales actos no se hayan consumado o agotado y siempre, claro está, que no se perjudiquen derechos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares, infiriéndose, en estos casos, la retroactividad del sentido, el espíritu o la finalidad de la Ley”. -La posesión es un derecho (arts. 430 y ss. CCivil), y se adquiere (art. 438) “por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho”. -Si esas “formalidades legales” exigen, en algunos casos, acudir a los Tribunales para obtener la posesión, a sabiendas de que la Ley 1/2013 no se aplicaba a particulares cuando se “consolidó”, con la adjudicación, nuestro derecho a obtenerla sin suspensión del plazo de lanzamiento, entonces la retroactividad de la reforma perjudicaría nuestro derecho, así que no debería aplicarse. -Cuestión aparte es quien haya participado en una subasta bajo la redacción anterior, pero aún no se adjudicatario. Entonces, cabría hablar de “expectativas”, no aún de un derecho consolidado… a la posesión, pero también es cierto que la LEC recalca varias veces que, por el solo hecho de participar en la subasta se asumen todas las condiciones del Edicto, entre las que están la responsabilidad por las cargas anteriores, pero también el derecho al lanzamiento del art. 675 que muchos trascriben literalmente (sin que la LEC incorpore la suspensión de los plazos de lanzamiento). -Si a ello añadimos el “desliz” (por ser fino) de que esa reforma sigue hablando de que el ejecutado puede pedir un alquiler social al ejecutante, olvidándose de otro tipo de adjudicatario, más la postura de la AP de Barcelona de que no solicitarlo juega en contra del ejecutado, y supone un claro enriquecimiento injusto, proscrito por la jurisprudencia, ya tenemos algunas cartas que podrían combinarse en una mano ganadora… Y ahí lo dejo de momento, saludos, 
ir al comentario
13/06/20 02:54
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
De nada, Idefix1, y, si uno quiere conocer el pasado de nuestro amigo colega "EL CADÁVER ARREPENTIDO" (por usar un título de José Mª Guelbenzu para las investigaciones de su Juez Mariana de Marco, y ya que su teoría estaba tan muerta que al final ha decido tirar la toalla), cuando pleiteaba contra la DGRN, en Cendoj hay algunos ejemplos, todos de 1ª instancia (Girona, Lleida o Córdoba):Roj: SJPI 27/2008, SJPI 14/2008 o SJPI 21/2009Saludos,
ir al comentario
13/06/20 02:42
Ha comentado en el artículo Una demanda de retracto que te va a decepcionar
De nada, y siempre recomiendo estas versiones consolidadas del BOE, porque basta hacer click en la versión que quieres de cada artículo y te la abre (por ejemplo, verás el 13.1 actual, y debajo los enlaces a los redactados anteriores por fechas de vigencia):https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-26003 Saludos,
ir al comentario
12/06/20 12:40
Ha comentado en el artículo Una demanda de retracto que te va a decepcionar
Era sólo por ser quisquilloso con tu expresión: "tienes" que ir a segunda instancia cuando has perdido la primera y quieres ganar, lo otro ya depende de los recursos que quiera presentar el contrario, de si pides o no la ejecución provisional, etc...Buen finde!
ir al comentario
11/06/20 12:07
Ha comentado en el artículo Una demanda de retracto que te va a decepcionar
Buenas, pues aún va a tener suerte el tal Joan, a poco que su prima busque un poco de jurisprudencia, porque (incluso aquí he comentado Sentencias) en Barcelona, y diría que en todas partes (Madrid, también, por ejemplo), se aplica el 13.1 LAU del 2012 en el sentido de que lo que se protegía era el arrendamiento durante 5 años, no más, así que ya puede llevar 6 o 16 de tácita reconducción...Saludos,
ir al comentario
09/06/20 05:14
Ha comentado en el artículo Éramos pocos legislando e interpretando la Ley y parió la abuela
 DEPENDE… ¿DE QUÉ DEPENDE? “In memoriam” Pau Donés, no por afinidad musical especialmente, sino como otro miembro de nuestro “club del cangrejo” que nos deja, un breve recordatorio, sin comentarios porque no estoy de humor, a la falta de unidad de criterios entre Jueces e incluso APs, sobré qué tipo de juicio verbal de desahucio es aplicable a cada caso, o si vale cualquiera para analizar el fondo del caso, con independencia del artículo de la LEC que elijas en la demanda: Eso es lo que dice Madrid… http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fe905ec49d63fd00/20200423 … pero no Barcelona ni Jaén, por ejemplo: http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b6166409ee4e9bb8/20200526 http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a4bdc4f12ed431a4/20200427 Saludos, 
ir al comentario